El subdesarrollo del cuarto pilar del bienestar –donde se situaría la infradotada ley de la dependencia–, sumado al poco alcance de alternativas dirigidas a socializar la responsabilidad de proveer cuidados a criaturas, personas ancianas y enfermas, así como la falta de corresponsabilidad de los hombres en el trabajo no remunerado para sostener la vida, han convertido la “sustitución de una mujer por otra mujer” en una estrategia individual para reorganizar los cuidados cotidianos y satisfacer la necesidad en el interior de las familias.

Externalizar el trabajo de cuidados a espaldas de otras mujeres más precarizables es una estrategia individual en auge desde los años 90 en el Estado español.

Esta fórmula de externalizar el trabajo de cuidados, en auge desde los años 90, ha sido promovida en especial en los estados del sur de Europa, según recoge el Anuario CIDOB de la Inmigración de 2018, y se ha basado en traspasarlo a espaldas de otras mujeres más precarizables. Eso cuando en el hogar hay suficiente dinero para hacerlo. A veces, no más que una pensión, explican varias trabajadoras consultadas.

Según cifra la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca del 70% del tiempo de trabajo de cuidados no remunerado en el Estado lo dedican las mujeres y una de cada cuatro en edad laboral declara no estar disponible para la ocupación en el mercado de trabajo o que no busca empleo a causa de tener que asumir trabajo de cuidados. “La inserción de mujeres migradas de América Latina en sociedades industrializadas permite que muchas mujeres se desarrollen profesionalmente porque cuentan con otra mujer que hace el trabajo de limpieza y cuidados, sin cuestionar el desigual reparto de tareas en el interior de su hogar”, observa Morena Herrera, activista de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador. A la vez, el trabajo de decenas de miles de migradas ocupadas como trabajadoras del hogar, en condiciones discriminatorias respecto al resto de sectores laborales, “acolcha la falta de respuesta de los estados ante las necesidades de políticas de cuidados”, remarca.

“Hay una división internacional, sexual y racial del trabajo, según la cual una mujer blanca del Estado español vale mucho más que una mujer no blanca venida de fuera, cosa que hace que las migradas acaben enganchadas en estos lugares de trabajo precarios”, analiza la investigadora del CIDER Camila Esguerra.

Según el informe de Comisiones Obreras sobre el trabajo de la población extranjera en Cataluña de 2017, cerca de cuatro de cada diez mujeres provenientes de América Latina se ocupan en el sector doméstico y representan tres cuartas partes (73,7%) de las mujeres extranjeras que trabajan en él. “Hay una división internacional, sexual y racial del trabajo según la cual una mujer blanca del Estado español vale mucho más que una mujer no blanca venida de fuera, cosa que hace que las migradas acaben enganchadas en estos lugares de trabajo precarios”, apunta Camila Esguerra, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Los Andes (CIDER).

Sobre las ocupadas en régimen de internas, a modo orientativo, las estadísticas de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (extraídas del asesoramiento a más de 500 mujeres durante el 2018), indican que siete de cada diez son migradas extracomunitarias. La gran mayoría (95,88%), a cargo de tareas de cuidados. Casi todas, de personas en situación de dependencia. Ocho de cada diez viven solas con las personas atendidas. “Hablar de importación de mujeres suena mal pero sería correcto, porque el trabajo de las migradas como cuidadoras internas se ha transformado en una forma de esclavismo que satisface la necesidad de cuidados aquí, en una gran soledad, que acompaña la otra gran soledad que aparece en la crisis de cuidados: la de las personas de la tercera edad”, expone Wendy Espinosa, coordinadora de proyectos de Mujeres Pa’lante.

La migración de las mujeres, a diferencia de la de los hombres con familiares a cargo, se asocia a una fuga de cuidados y genera una cadena: igual que muchas migradas y exiliadas ocupadas en el sector doméstico en estados como el español llenan un vacío tradicionalmente cubierto por las mujeres de manera no remunerada desde dentro de la familia, en su país o territorio de origen, el déficit de cuidados que queda cuando ellas migran es cubierto, a menudo, por otras mujeres del entorno familiar. Abuelas, tías, hermanas… asumen el trabajo de cuidados presencial “de una forma precaria, porque no tienen tiempo, porque son muy mayores, porque están muy cansadas”, asegura Herrera.

La ley de extranjería hace que el trabajo de interna se convierte en un pseudorefugio cargado de abusos, desprotección y aislamiento, ante la necesidad de techo y el riesgo de deportación.

Hay casos en los que el déficit de cuidados, exportado al entorno de la mujer que ha migrado o se ha exiliado hacia Europa o los Estados Unidos, es cubierto por otra migrada, del país mismo o de otro de la región, ocupada también en el servicio doméstico “en condiciones todavía más precarias que las encaradas por las migrantes del Sur a países del Norte”, asegura Esguerra. “El 98% son de origen rural, muchas afros e indígenas, que llegan a las ciudades a hacer trabajo de cuidados porque es el único lugar que las recibe”, detalla. El mismo lugar que, a nuestro alrededor, se suele reservar a las que no tienen “ni el capital de la blanquitud, ni de ser occidental, ni de la masculinidad ni de tener los papeles en regla”, describe la investigadora del CIDER. Con una ley de extranjería que dispara como mínimo tres años a la economía sumergida, el trabajo de interna se convierte en un pseudorefugio cargado de abusos, desprotección y aislamiento ante la necesidad de techo y el riesgo de deportación.

Durante ocho años María tuvo miedo de salir a la calle y no puedo visitar a su familia, mientras no consiguió regularizar la situación administrativa. En quince años, los reencuentros han sido solo dos. “Irse es una decisión que cuesta, pero a veces las situaciones te obligan. O las oportunidades”, plantea María. Dice que, mayoritariamente, ha tenido buen trato por parte de las personas para quienes ha trabajado y que, para ella, las personas mayores a quienes cuida son importantes y llega a quererlas. También, de su trabajo, dice que ha encontrado personas que te humillan, que es un trabajo que te quita libertad y que su deseo sería volver a Colombia y estar cerca de su padre, ahora que ya pasa de los 80 –como lo hacen las personas que varias familias catalanas han dejado a cargo de María los últimos años.

Según recoge el informe del XIX Dictamen del Observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cerca de dos de cada diez personas con la dependencia reconocida en el Estado español no reciben prestación ni servicio del sistema de atención a la dependencia (19,2%). Afecta a 250.000 personas; 98.000 con necesidades de apoyo extenso y, a veces, continuado. Si bien la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se concebía como una excepción, se convirtió en la norma, cosa que el documento califica de “fracaso del sistema”, al evidenciar la “inexistencia de servicios o su falta de flexibilidad”.

Así mismo, el informe considera “improrrogable” regular los perfiles profesionales idóneos para encargarse de la asistencia personal. Mantiene que la utilización de contratos de servicio doméstico, “que no reflejan el trabajo a realizar ni presuponen profesionalización y desprotegen claramente a las trabajadoras, sin derecho al paro ni a cotizaciones mínimas”, no es el camino adecuado para esta finalidad, por lo que las administraciones gestoras “no tendrían que admitir estas fórmulas y tendrían que habilitar otras de manera urgente”. “Los estados de bienestar han explotado a las mujeres del propio país a través del trabajo que no entra en las cuentas nacionales [el del hogar y los cuidados], pero han sobreexplotado a las mujeres migrantes; son estados de bienestar gracias a la relación geopolítica de explotación entre países”, señala Esguerra.

Sale más económico pagar a una persona en casa que no una residencia. Si nos negáramos todas a cuidar, ¿que harían?”, plantea María Osorio, trabajadora del hogar, migrada de Colombia.

Las de Bolivia, las de Ecuador, las de Colombia… Buena parte de las conocidas de María en Tarragona son migradas. Excepto ella, tienen criaturas, muchas en el país de origen, y casi todas, asegura María, se dedican a cuidar de personas mayores. “Si no estuviéramos las que cuidamos a los abuelos, ¿qué harían los hijos? A veces lo hablamos con las amigas. Sale más económico pagar a una persona en casa que no una residencia. Si nos negáramos todas a cuidar, ¿que harían?”, plantea María.